La resolución extrajudicial de una demanda por el derecho al voto contra el condado de Yakima produjo este cambio; antes, todos los comisionados eran elegidos por los electores del condado entero en las elecciones generales, un sistema que, según electores, diluía el voto latino. Ningún latino o latina ha servido nunca como comisionado del condado de Yakima. De acuerdo con la resolución de 2021, los distritos fueron reconfigurados para incluir un distrito de mayoría latina.
Para que se produjera este cambio en el condado de Yakima, fue necesaria una demanda basada en la Ley de Derecho de Voto de 2018 de Washington. Y ahora los electores de Washington disponen de una nueva herramienta que fortalece sus derechos al voto y hace más fácil para los ciudadanos y grupos comunitarios combatir la discriminación en las elecciones locales.
El cambio ha permitido también que la junta escolar de Wenatchee implementara la votación por distritos antes de las elecciones de este otoño, una medida diseñada para prevenir posibles violaciones del derecho al voto.
El Proyecto de Ley 1048 de la Cámara de Representantes, patrocinado por una de las nuevas representantes latinas de la Legislatura de Washington, la representante Sharlett Mena, una demócrata de Tacoma, servirá para fortalecer todavía más los derechos al voto en Washington, según defensores locales y nacionales.
“Cuando un estado aprueba una [ley de derecho de voto], tiene una oportunidad de suplementar la ley de derecho de voto federal y aumentar las protecciones de sus electores”, dijo Lata Nott, abogada senior especializada en los derechos al voto del Campaign Legal Center en Washington, D.C., organización que representó a los electores en el caso del condado de Yakima.
Ahora, Nott y otros defensores del derecho al voto dicen que la aprobación del Proyecto de Ley 1048, que entrará en vigor en 2024, fortalece las leyes estatales.
“Espero que, al reducirse las barreas al acceso, más personas lo utilicen”, dijo la representante Mena, cofundadora de Voter Turnup, un movimiento dirigido por personas de color para promover la inscripción de electores, la expresión cultural y la participación cívica.
Mena vivió su niñez en Pasco, una ciudad del este de Washington con una población mayoritariamente latina. Pese a las disparidades en resultados de salud, rendimiento académico e ingresos entre los vecindarios mayoritariamente latinos y otras áreas de Tri-Cities —Pasco, Kennewick and Richland— los políticos no prestaban atención, recuerda Mena.
“Mi familia votaba, [pero] nunca nos visitaban los candidatos”, agregó. “No nos pedían nuestra opinión”.
En 2018, Mena trabajó como directora de comunicaciones para la senadora estatal Rebecca Saldaña, una demócrata de Seattle y patrocinadora de la original Ley de Derecho de Voto de Washington. La modificación de la Ley de este año fue el primer proyecto de ley que Mena patrocinó que fue votado y aprobado. El gobernador Jay Inslee firmó el proyecto el 13 de abril, convirtiéndolo en ley.
“Si hay una sola cosa que quiero asegurarme de lograr en mi tiempo en la Legislatura, es poner más fácil para las personas de color y gente de comunidades diversas postularse para cargos púbicos y que estos sistemas [electorales] no sean un obstáculo”, concluyó Mena.
Los efectos de la legislación
El cambio más importante de la llamada Ley de Derecho de Voto de Washington 2.0 es que crea una clara legitimación procesal para organizaciones y tribus que deseen impugnar sistemas electorales locales o estatales en nombre de sus miembros.
Los defensores del derecho al voto dicen que esto importa porque libera a los miembros individuales de la comunidad o grupos pequeños de residentes de la carga.
Las organizaciones de derechos civiles, por ejemplo, probablemente cuentan con más recursos y conocimientos para identificar violaciones del derecho al voto que un residente individual o grupo de residentes, dijo Nott, del Campaign Legal Center.
“La discriminación afecta a miembros de comunidades marginalizadas que tienen menos posibilidades de denunciar [las violaciones]”, agregó.
Si bien las organizaciones han trabajado junto a los electores, como OneAmerica, una organización de defensa de migrantes, que colaboró con electores del condado de Yakima en la demanda por el derecho al voto, resulta útil aclarar la legitimación procesal, explicó Nott.
Funcionarios del condado de Yakima y algunos ciudadanos han argumentado que, como OneAmerica tiene su sede en Seattle, la demanda estaba impulsada por una organización de fuera que quería influir en las elecciones locales, dijo Melissa Rubio, directora de política de OneAmerica.
Pero, aunque OneAmerica tiene su sede en Seattle, tiene presencia en Yakima desde hace más de una década, apuntó Rubio.
“Esto pondrá más fácil y claro que las organizaciones se impliquen”, aclaró Rubio. “No puedes esperar que los pobres y la clase obrera se opongan —por su cuenta y sin apoyo institucional— a un enorme gobierno institucional”.
La modificación a la ley estatal este año hace a las jurisdicciones que violen la ley de derecho de voto responsables por hasta $50,000 en costos legales para los denunciantes. Los costos pueden incluir honorarios de abogado por presentar un aviso de intención de demandar —un requisito para recibir un reembolso— o de expertos que recopilan datos para ilustrar las violaciones del derecho al voto o elaboran mapas para resolver problemas de discriminación, dilución del voto u otras violaciones.
Aunque es una cantidad modesta en comparación con los millones que algunos casos pueden costar, la disposición todavía sirve para eliminar una barrera económica básica para miembros de la comunidad y organizaciones que deseen impugnar las políticas y sistemas electorales de las jurisdicciones locales, explicó Rubio.
Según David Morales, de la Southcentral Coalition of People of Color for Redistricting, los cambios a la ley permiten que organizaciones como la suya sean proactivas. Su organización es actualmente una de las partes demandantes en una demanda federal que impugna la forma en que el Distrito Legislativo 15 de Washington, en la zona central de Washington, se trazó en el proceso de reordenación distrital de 2021.
Morales cree que la posibilidad del reembolso de honorarios legales podría instar a más electores y organizaciones para que emprendan esfuerzos para identificar violaciones del derecho al voto e incluso ofrecer soluciones, como nuevos mapas propuestos de distritos.
“Hasta ahora, las organizaciones no han utilizado el sistema establecido por la WVRA [Ley de Derecho de Voto de Washington] porque cuesta caro y no ofrece muchos beneficios”, aclaró.
Hasta la fecha, jurisdicciones locales como el condado de Yakima no se han mostrado dispuestas a cooperar cuando han recibido quejas de violaciones del derecho al voto, y la mayor parte de los cambios se han conseguido a través de los tribunales.
“No he visto todavía evidencia de que las ciudades u otros tipos de gobiernos estén dispuestos a negociar antes de pasar a un litigio”, agregó.
Morales espera que la modificación de la ley cree oportunidades para responder a violaciones del derecho al voto en todas partes del estado y que inspire a las comunidades para que trabajen con electores y organizaciones para conseguir cambios, evitando la necesidad de litigios costosos.
“Puede haber algún tipo de cambio para reducir el posible riesgo”, dijo.
Oposición republicana
Aunque activistas y legisladores demócratas aplaudieron el Proyecto de Ley 1048 como una medida esencial para proteger el derecho al voto en Washington, republicanos de ambas cámaras votaron contra la ley.
El representante Peter Abbarno, un republicano de Centralia y portavoz de la minoría del comité que celebró una audiencia pública sobre el proyecto de ley, argumentaba que la legislación no resolvería ningún problema ni aumentaría la representación de manera significativa.
“Nadie ha podido señalar un problema con el sistema actual ni identificar personas que se enfrentaran a restricciones o barreras en el sistema electoral”, dijo.
Abbarno consideraba que el texto podría crear una situación en que organizaciones con vínculos indirectos, como un miembro que vive en la jurisdicción donde se produce la supuesta violación, interpusieran casos por el derecho al voto, en vez de empoderar a las personas afectadas por un sistema electoral desigual.
“Usted [podría] ver organizaciones a nivel estatal tomando decisiones por una comunidad en la cual no tienen interés”, dijo.
El representante Chris Corry, un republicano de Yakima, dijo que la Ley de Derecho de Voto ya ha causado un cambio en la forma en que se elige a los comisionados en el condado de Yakima, y se preguntaba qué problemas la modificación podría solucionar.
“He visto con mis propios ojos cómo la Ley de Derecho de Voto de Washington ha hecho cambios positivos en mi comunidad”, agregó. “No hay nada en la ley actual que evite que [cambios] ocurran en otras comunidades”.
Abbarno y Corry argumentaron que la modificación de la ley simplemente la volvería más abierta a la interpretación, lo que pondría más fácil iniciar litigios costosos.
Rubio de OneAmerica dijo que el miedo de más litigios es una distorsión del motivo basada en la idea de que las personas que pretenden corregir violaciones del derecho al voto quieren castigar a comunidades.
Los sistemas, en su forma actual, han permitido una infrarrepresentación de las comunidades de color en cargos públicos locales y estatales, incluyendo juntas escolares, concejos municipales y la Legislatura de Washington, explicó.
“Nuestra meta no es castigar”, dijo. “Nuestra meta es asegurarnos de proteger el derecho al voto de nuestras comunidades, y realmente tenemos la posibilidad de conseguir que [personas] negras, latinas, [asiáticas e isleñas del Pacífico] e indígenas asuman cargos de liderazgo y cargos donde se toman decisiones en los gobiernos locales”.
El panorama general
Washington es uno de cinco estados que tienen una ley de derecho de voto, y otros varios están considerando medidas similares.
Defensores del derecho al voto y representantes de comunidades implicadas en casos acerca de este derecho consideran que es esencial contar con una ley estatal, en vista de la dilución del poder de la Ley de Derecho de Voto federal, aclaró Nott.
Hace una década, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la preautorización, una disposición que obligaba a los estados y jurisdicciones locales que tenían una historia de discriminación electoral a obtener la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal federal antes de hacer cambios en su sistema electoral.
La eliminación de esa parte de la ley federal significa que los electores deben optar principalmente por el litigio para probar la discriminación en los sistemas electorales locales y estatales. Además, incluso cuando electores que interponen demandas de acuerdo con la ley federal ganan sus casos, los tribunales federales frecuentemente aceptan las soluciones ofrecidas por el gobierno local, agregó Nott.
“Es extremadamente difícil para los electores prevalecer bajo la [Ley de Derecho de Voto] federal”, dijo.
Las leyes de distintos estados ofrecen protecciones adicionales para los electores, agregó. La ley de derecho de voto de Virginia penaliza la intimidación de electores, mientras que la de Nueva York ofrece servicios ampliados para las personas que hablan un inglés limitado.
La modificación a la Ley de Derecho de Voto de Washington incluye un “canon de democracia”, que obliga a los tribunales a interpretar cualquier ambigüedad legal de modo que favorezca el derecho al voto siempre que sea posible, dijo Nott.
Por último, una ley de derecho de voto estatal provee un marco para que los ciudadanos hagan valer sus derechos al voto y que resistan mejor cambios en el poder de los partidos o en leyes individuales que limiten el acceso a las urnas, agregó.
“¿Quién sabe qué formas de supresión del voto pueden existir en el futuro?” dijo Nott. “Contar con esto como una herramienta para luchar contra eso —eso es importante si las cosas cambian”.
Al igual que la versión original de la Ley de Derecho de Voto de Washington, Mena cree que tomará algunos años para ver los resultados de las modificaciones cuando se implementen.
“Quisiera ver esta versión implementada y ver cómo la gente la usa [y] que nos digan qué es lo que funciona bien”, dijo.
Mientras tanto, Mena quisiera promover otras medidas legislativas en materia de derechos de voto, como proyectos de ley para abordar el rechazo desproporcionado de las papeletas de electores de color en las regiones central y este de Washington. Y ve oportunidades para modificaciones y enmiendas a la Ley de Derecho de Voto de Washington, como una versión estatal de la cláusula de preautorización (que estaba incluida anteriormente en la ley de derecho de voto federal) que exigiría la aprobación de una agencia estatal o del procurador general.
“Es algo que deberíamos tener al nivel estatal para asegurarnos de conservar los avances que logremos”, concluyó.
