Zambrano no sabía qué esperar el primer día, pero lo que vio le resultó desconcertante. El acoso sexual de parte de los supervisores y mayordomos comenzó el primer día. Se lamían los labios y la miraban, hacían ruidos sugerentes y colocaban fotografías pornográficas en el lugar de trabajo. Le llegaron rumores de que a otras trabajadoras les habían hecho tocamientos en el área genital y los pechos, y que les habían hecho amenazas y proposiciones sexuales.
Una noche, ella y otras mujeres que trabajaban en el rancho aceptaron que un supervisor las llevara al trabajo al comienzo del turno de noche. En el trayecto, el hombre hizo comentarios acerca de sus genitales, recuerda Zambrano. Resultó desagradable, pero no fue nada nuevo para las mujeres.
Luego las amenazas se tornaron serias. El supervisor les dijo que las iba a correr detrás campo adentro y “darles lo que merecen”. No cumplió la amenaza, pero las mujeres nunca volvieron a aceptar que las llevara. Zambrano dice que el hombre desapareció por un tiempo, pero luego lo volvieron a contratar.
Zambrano cuenta que hechos similares ocurrían regularmente durante sus 22 años de trabajo agrícola, pero a veces el asunto se ponía todavía más grave. Las violaciones y agresiones sexuales, aunque menos frecuentes, ocurrían también en estos espacios aislados. Las otras mujeres confiaban en Zambrano y le contaban sus experiencias con el acoso. Y las trabajadoras temían que se tomaran represalias en su contra—el despido, una intensificación del acoso, o la deportación—si denunciaban los hechos.
“Muchos chicos, muchas niñas jóvenes, son objeto de violación, malos tratos y golpes”, dice Zambrano. “Parece que [los supervisores] no prestan atención al acoso sexual. Tenemos que comenzar a eliminarlo, porque nos hace daño”.
Insiste que algunas de las que levantaron denuncias fueron ignoradas, o los autores del acoso fueron despedidos durante algunos días y luego volvieron al trabajo.
En una investigación de un año de duración, el Center for Investigative Reporting concluyó que en el Valle de Yakima, muchos supervisores seguían en sus puestos durante años después de las acusaciones. En 41 demandas federales contra compañías agrícolas por acoso sexual, casi el 85% de las trabajadoras que denunciaron los hechos sufrieron represalias.
“Es el temor de levantar la voz lo que pone la barrera, porque tenemos miedo de que nos golpeen o amenacen”, dice Zambrano.
Finalmente, se unió a Amigas Unidas, una organización sin fines de lucro que brinda servicios a mujeres que sufren de violencia doméstica y acoso sexual. La organización se reunía en las oficinas de KDNA, una estación de radio en español de Yakima. Invitaron a expertas de California para educar y capacitar a las mujeres en técnicas para prevenir la violencia en el trabajo. Laura Contreras, abogada de Columbia Legal Services, les ayudó a navegar el sistema judicial. Finalmente, se acabó el dinero, dice Zambrano, pero un grupo muy unido de seis o siete mujeres siguió trabajando de voluntarias para mantener a la organización en marcha.
Un día, una mujer joven que trabajaba con Zambrano se le acercó. Un conductor había tratado de meterle mano. Zambrano recuerda que denunció el incidente con el supervisor del área de la bodega en que trabajaba la mujer, pero no se tomaron medidas. Fueron con Recursos Humanos y tampoco obtuvieron satisfacción. Y fueron con el supervisor general, que tampoco hizo nada.
Finalmente, dice Zambrano, la mujer obtuvo una orden de restricción contra el conductor. Lo suspendieron del trabajo durante algunos días, pero luego regresó. La mujer se marchó del trabajo por el miedo de trabajar cerca de él, según Zambrano.
“En algunos trabajos, no somos más que números. No somos personas”, dice Zambrano. “No les importamos nada... por eso tenemos que hacer cambios, cambiar el sistema”.
Quería enfocar su frustración y enojo en realizar ese cambio. Comenzó escribiendo un poema titulado “¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!” En el poema, narra cómo las trabajadoras agrícolas solo quieren trabajar duro sin vivir con el miedo de ser objeto de acoso sexual.
“Nosotras solo queremos trabajar... Merecemos el respeto y también la igualdad”, escribió. “A veces quiero renunciar, pero tengo una familia que tengo que alimentar... ya me cansé de llorar”.
La Dra. Vicky Vásquez, profesora de Salud Pública en la Universidad de Washington en Bothell, leyó con atención el poema. Invitó a Zambrano para que participara en la elaboración de un currículo de capacitación sobre temas de acoso sexual en la agricultura dirigido a productores y supervisores.
Vásquez y su colega, la Dra. Jody Early, trabajaron durante seis años para crear el extenso currículo, incorporando la retroalimentación de más de 70 trabajadoras agrícolas de Washington, además de productores, dirigentes políticos y profesionales legales. Le pusieron por título ¡Basta! por el poema de Zambrano.
La caja de herramientas, que se lanzará este mes, incluye un video de 15 minutos con preguntas para la conversación guiada, tarjetas para la billetera con derechos y recursos para los trabajadores agrícolas y volantes para los dueños o supervisores de ranchos. Una radionovela en español que explica cómo denunciar el acoso estará disponible a través de la Universidad de Washington. Los materiales estarán disponibles en español e inglés.
El programa se desarrolló en el Pacific Northwest Agricultural Safety and Health Center con el apoyo de estudiantes del plantel de Bothell de la Universidad de Washington.
El proyecto comenzó hace seis años cuando Vásquez solicitó una subvención para financiar un proyecto de un año de duración en el cual hablaría con 20 trabajadoras agrícolas en el Valle de Yakima sobre sus experiencias con el acoso sexual. Sabía que existía un problema, pero no se daba cuenta de su alcance, explica.
“Las historias que salían en esas reuniones tan difíciles con ellas me resultaban impactantes”, cuenta. “Escuchábamos muchos detalles, y las entrevistas eran largas. Duraban tres, cuatro horas”.
En 2016, publicó un estudio con los resultados de sus entrevistas con las mujeres. Era un vistazo revelador de la industria agrícola: un 75% de las participantes habían sido objeto del acoso sexual o conocían a alguien que lo había sido. Anteriormente, tan solo dos estudios nacionales habían examinado el fenómeno del acoso sexual contra trabajadoras agrícolas.
“Aunque el acoso sexual es ilegal en todo Estados Unidos, estas leyes no se han aplicado de manera consecuente... en el sector agrícola”, dice Early.
Las razones de ello son varias, explica. Los productores tienen muchas políticas que deben aplicar, y agregar otro entrenamiento más a la carga de trabajo resulta difícil. Inclusive cuando los productores buscaban opciones de entrenamiento, no había muchos recursos antes de ¡Basta!
Early dice que ¡Basta! se propone conseguir que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional regule el acoso sexual como un asunto de seguridad en el trabajo, en vez de otro elemento más de las capacitaciones voluntarias existentes, tales como las que ofrece la Washington Growers League.
“Estamos tratando de cambiar eso. Sabemos que los estudios han revelado que [el acoso sexual] afecta física y mentalmente a la persona, perjudicando a toda la organización”, dice Early.
La Growers League fue uno de los primeros colaboradores del proyecto. El Director Ejecutivo Mike Gempler dice que la League ha ofrecido un entrenamiento básico sobre el acoso sexual para sus miembros, pero que no era tan exhaustivo y robusto como ¡Basta!
Gempler agrega que los productores de Washington desean tener este tipo de entrenamiento, especialmente un programa bilingüe, adaptado específicamente a la región y con la participación de trabajadoras agrícolas locales.
Muchos productores no tienen experiencia dando presentaciones y dirigiendo conversaciones, especialmente sobre temas tales como el acoso sexual, explica. El hecho de contar con un video, escenarios y un currículo guiado reduce la presión. Hace mucho que los productores necesitan un producto así, según Gempler.
“Estamos realmente muy contentos que esto se haya hecho”, dice. “La industria lleva tiempo esperando una herramienta como esta”.
La necesidad es urgente, según el Northwest Justice Project (NJP). El grupo se enfocó en el tema en su informe anual de 2018, que indicaba de cuatro de cada cinco trabajadoras agrícolas en Washington sufren el acoso sexual o la agresión sexual en el trabajo. Brindó servicios legales en tres casos de acoso sexual de trabajadores que terminaron en demandas exitosas. Además condujeron a la implementación de nuevos procesos de queja y compensación para las víctimas.
Uno de los casos fue entablado por Heidi Corona, una conductora de tractor en Stemilt Growers en Wenatchee. Un supervisor la mantuvo atrapada en el tractor en un campo alejado, “hizo proposiciones sexuales gráficas” y trató de besarla. Dice que la cambiaron a un trabajo de menor salario luego de que rehusó volver a trabajar con el supervisor.
Y María Miranda-González trabajaba en DeRuyter Brothers Dairy en el Valle de Yakima. Dice haber sufrido el acoso sexual verbal, tocamientos y persecución. Denunció a su agresor. Lo cambiaron de trabajo pero, según la demanda, siguió acosando a Miranda-González hasta que ella fue despedida.
En el tercer caso, cinco trabajadoras en una empacadora de cebollas en Horning Brothers en Quincy denunciaron que el supervisor les metía mano en repetidas ocasiones. Soportaron el acoso durante años, dicen, por miedo de represalias si lo denunciaban. Finalmente, luego de que una de las mujeres asistió a una presentación sobre los derechos de los trabajadores agrícolas, acudió al NJP para representación legal. Al final, diez mujeres presentaron denuncias.
Blanca Rodríguez, abogada de la unidad de trabajadores agrícolas de la organización, trabajó en los tres casos. Dice que el NJP lleva aproximadamente 20 casos de acoso sexual contra trabajadoras agrícolas por año.
Explica que, a lo sumo, un caso va a juicio cada año, e inclusive cuando esto ocurre, puede tomar de uno a tres años resolver un caso.
“Desafortunadamente, sigue siendo muy prevalente... las historias te parten el corazón”, dice Rodríguez. “Todavía hay mucho miedo de represalias, de perder su trabajo y de sufrir humillaciones, por no querer que la familia o el esposo se entere”.
Mayra Rivera, estudiante de ciencias de salud que colaboró con ¡Basta! e hija de trabadores agrícolas mexicanos en el Valle de Yakima, dice que, como los trabajadores no necesariamente lo perciben como acoso, estos actos no se denunciarán hasta que se produzca un cambio en la cultura.
“Yo diría que su privacidad [constituye una gran barrera] porque muchas de las familias provienen de ambientes conservadores. No todo el mundo se siente a gusto acudiendo a cualquier persona para hablar libremente de los problemas que pueda tener en el trabajo”, explica.
Zambrano dice que, al principio, dudó en compartir su historia, pero que era demasiado importante como para quedarse callada.
“No más. Ni uno más”, insiste. “No más acoso sexual, no más violación, no más maltrato: nada. Seguiré la lucha porque no puedo quedarme sin hacer nada. Es que la necesidad es tan grande”.
